El Tribunal Supremo abre la puerta al control de los algoritmos públicos
Cada vez es más frecuente que las Administraciones Públicas utilicen programas informáticos para gestionar ayudas, prestaciones o procedimientos administrativos. Sin embargo, una pregunta resulta inevitable: ¿puede un ciudadano conocer cómo funciona el algoritmo que ha influido en una decisión que le afecta?
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó el año pasado la sentencia de fecha 11-9-2025 en el denominado caso BOSCO, que resuelve afirmativamente esta cuestión y va a permitir el control de los sistemas automatizados utilizados por los poderes públicos.
¿Qué es BOSCO?
BOSCO es una aplicación informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Económica que permite a las empresas comercializadoras comprobar si una persona cumple los requisitos necesarios para acceder al bono social eléctrico, una ayuda destinada a consumidores vulnerables.
El litigio se inició en 2018, cuando la Fundación CIVIO presentó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, a la información pública y buen gobierno, una solicitud de acceso a diversa documentación relativa a la aplicación informática BOSCO, incluyendo su código fuente. Tras el silencio de la Administración, CIVIO acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reconoció el acceso a parte de la documentación solicitada, pero denegó el código fuente. Posteriormente, tanto el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 como la Audiencia Nacional confirmaron dicha negativa.
Finalmente, el asunto llegó al Tribunal Supremo, pronunciándose por primera vez sobre transparencia algorítmica y control de los sistemas automatizados utilizados por la Administración
La transparencia algorítmica y la democracia digital o electrónica
El Tribunal Supremo no cuestiona la conveniencia de que las Administraciones públicas recurran a sistemas de toma de decisiones automatizadas para el eficaz desempeño de sus funciones o la adecuada prestación de servicios públicos, pero «ello debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos seguidos en dichas actuaciones, con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de las características básicas de su funcionamiento, lo que puede requerir el acceso a su código fuente».
El principio de transparencia algorítmica «impone a las Administraciones públicas obligaciones de información pública para facilitar el acceso de los ciudadanos, en mayor o menor medida, a las características fundamentales los algoritmos empleados en la toma de decisiones o su código fuente, como una manifestación del principio de transparencia, consagrado constitucionalmente (artículo 105.b) de la CE)»
Tradicionalmente, el control ciudadano se centraba en conocer la resolución administrativa y su motivación. Sin embargo, cuando la decisión depende de un sistema automatizado, resulta necesario poder comprender también cómo funciona dicho sistema, a fin de evitar que los algoritmos se conviertan en espacios inmunes al control público, y, así, garantizar que las decisiones automatizadas sigan sometidas a los principios de legalidad, objetividad, igualdad y control judicial.
La sentencia considera que la transparencia algorítmica forma parte de una nueva realidad que denomina «democracia digital o electrónica» en la que los ciudadanos no solo tienen derecho a conocer las decisiones públicas, sino también los mecanismos tecnológicos utilizados para adoptarlas. La transparencia deja así de referirse únicamente a documentos y expedientes para extenderse a los propios sistemas informáticos que condicionan la actuación administrativa.
¿Afecta a la protección de datos?
El Tribunal Supremo considera que la protección de datos personales no impide el acceso al código fuente en este caso.
La razón es que el código fuente no contiene datos de los ciudadanos, sino únicamente las instrucciones y reglas de funcionamiento del programa. Lo que se solicita conocer no es la información de los beneficiarios, sino el mecanismo utilizado para determinar quién tiene derecho a la ayuda.
La importancia de esta sentencia
La importancia del caso BOSCO va mucho más allá del bono social eléctrico. La sentencia del Tribunal Supremo garantiza la tutela de los derechos de los ciudadanos ante el uso de herramientas de inteligencia artificial por las Administraciones Públicas. Esta garantía podrá proyectarse sobre numerosos ámbitos en los que las Administraciones utilizan herramientas automatizadas: concesión de ayudas y subvenciones; selección de beneficiarios de prestaciones; sistemas de detección de fraude, etc.
En definitiva, la sentencia recuerda que la digitalización de la Administración no puede suponer una reducción de las garantías de los ciudadanos. La tecnología puede ayudar a gestionar mejor los servicios públicos, pero las decisiones administrativas deben seguir siendo transparentes, comprensibles y sometidas al control democrático.