La reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 631/2026, de 22 de octubre (rec. 8372/2023), aborda una cuestión de notable interés práctico: la delimitación entre el delito de desobediencia grave y la infracción administrativa consistente en negarse a atender un requerimiento policial de identificación.
La sentencia, dictada como consecuencia del recurso de casación formulado por Sola & Rodríguez Abogados, estima íntegramente la pretensión absolutoria y establece un importante criterio para deslindar ambas formas de responsabilidad.
- Los hechos enjuiciados
Los hechos se remontan al 23 de mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19. Tres personas se encontraban en una fiesta, junto a otras, en una caseta de la zona de la Hípica de Melilla, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.
Requeridos por agentes de la Guardia Civil para que se identificaran a fin de ser propuestos para sanción administrativa, se negaron reiteradamente a hacerlo.
El Juzgado de lo Penal núm. 2 de Melilla condenó a los tres acusados como autores de un delito de desobediencia grave del artículo 556.1 del Código Penal, imponiendo a cada uno de ellos una pena de diez meses de multa, por importe de 1.800 euros.
Confirmada la condena por la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, nuestro despacho interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sosteniendo que los hechos declarados probados no revestían la gravedad necesaria para integrar el tipo penal de desobediencia.
- La frontera entre la infracción administrativa y el delito
El artículo 556.1 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses a quienes resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, sin incurrir en el delito de atentado.
Por su parte, el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tipifica como infracción administrativa grave:
«La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».
Esta infracción puede ser sancionada con multa de 601 a 30.000 euros.
La cuestión radica, por tanto, en determinar cuándo la negativa a identificarse supera el ámbito del ilícito administrativo y alcanza la gravedad exigida por el Código Penal.
Tradicionalmente, la persistencia y reiteración en el incumplimiento del mandato legítimo de la autoridad ha constituido uno de los principales indicadores de la gravedad de la desobediencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte que este criterio no es suficiente:
«No basta, por tanto, para activar la intervención penal la simple negativa reiterada si con ello no se compromete significativamente la función pública atribuida a quienes emiten la orden».
- La existencia de mecanismos administrativos de identificación
La sentencia presta especial atención a que la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana no solo tipifica específicamente la negativa a identificarse como infracción administrativa, sino que establece mecanismos para hacer efectivo el requerimiento policial desatendido.
Así, su artículo 16.2 dispone que, cuando no resulte posible la identificación por cualquier medio o la persona se niegue a identificarse, los agentes podrán requerirle para que les acompañe a las dependencias policiales más próximas en las que pueda practicarse dicha diligencia, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.
Así, la negativa a identificarse constituye tanto la conducta constitutiva de la infracción administrativa como el presupuesto que habilita a los agentes para hacer cumplir el mandato desatendido.
La existencia de esta regulación administrativa integral obliga, según el Tribunal Supremo, a limitar la intervención penal para evitar lo que el Tribunal Constitucional ha denominado un «derroche de coerción penal».
- ¿Cuándo puede la negativa a identificarse constituir delito?
El Tribunal Supremo establece que el tránsito de la infracción administrativa al delito de desobediencia grave exige la concurrencia de elementos adicionales de desvalor.
No resulta determinante el número de veces que el ciudadano se haya negado a identificarse, pues la propia negativa incorpora un componente de persistencia en el tiempo. Lo decisivo es que la conducta, por su intensidad y circunstancias, impida o dificulte significativamente la puesta en práctica de los mecanismos de identificación policial, comprometiendo gravemente el ejercicio de la función encomendada a los agentes.
La sentencia cita, a modo de contraste, la STS 1027/2025, de 11 de diciembre, en la que se confirmó una condena por desobediencia grave. En aquel caso, la persona requerida no solo se negó reiteradamente a identificarse, sino que se lanzó al suelo y opuso una fuerte resistencia a su traslado a dependencias policiales, obligando a los agentes a emplear la fuerza indispensable para vencerla. Fue esa conducta global, y no la mera reiteración de la negativa, la que permitió apreciar la gravedad exigida por el tipo penal.
Por el contrario, en el asunto objeto de nuestro recurso, los hechos declarados probados no describían qué sucedió después de la negativa, si se utilizó el mecanismo previsto en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015 o qué circunstancias impidieron o dificultaron su utilización.
Por ello, el Tribunal Supremo aprecia un error en la aplicación del tipo penal y acuerda la absolución de nuestros representados, extendiéndola también al tercero de los condenados, que no había recurrido, conforme al artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Conclusión
La importancia de esta sentencia trasciende el supuesto concreto enjuiciado. El Tribunal Supremo reafirma el principio de intervención mínima del Derecho penal y establece un criterio relevante para delimitar la responsabilidad administrativa y la penal en los requerimientos policiales de identificación.
La negativa a identificarse ante los agentes de la autoridad, aunque sea reiterada, no constituye por sí sola un delito de desobediencia grave. Para apreciar dicho delito será necesario acreditar que la conducta del requerido, por su particular intensidad y circunstancias, ha impedido o dificultado significativamente el ejercicio de la función identificativa encomendada a los agentes.
Ello no significa que la negativa a atender un requerimiento legítimo de identificación quede impune. Podrá constituir una infracción administrativa grave, pero no toda infracción administrativa puede convertirse, por la mera reiteración de la conducta, en un ilícito penal.
La sentencia obtenida por Sola & Rodríguez Abogados contribuye así a precisar los límites de la intervención penal en este ámbito y constituye una referencia de especial interés para la defensa frente a acusaciones por delitos de desobediencia a los agentes de la autoridad.