{"id":2690,"date":"2026-11-14T12:36:39","date_gmt":"2026-11-14T12:36:39","guid":{"rendered":"https:\/\/solarodriguez.com\/?p=2690"},"modified":"2026-11-14T12:36:39","modified_gmt":"2026-11-14T12:36:39","slug":"negarse-a-identificarse-ante-la-policia-infraccion-administrativa-o-delito-de-desobediencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solarodriguez.com\/index.php\/2026\/11\/14\/negarse-a-identificarse-ante-la-policia-infraccion-administrativa-o-delito-de-desobediencia\/","title":{"rendered":"Negarse a identificarse ante la Polic\u00eda: \u00bfinfracci\u00f3n administrativa o delito de desobediencia?"},"content":{"rendered":"<p>La reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n\u00fam. 631\/2026, de 22 de octubre (rec. 8372\/2023), aborda una cuesti\u00f3n de notable inter\u00e9s pr\u00e1ctico: la delimitaci\u00f3n entre el delito de desobediencia grave y la infracci\u00f3n administrativa consistente en negarse a atender un requerimiento policial de identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La sentencia, dictada como consecuencia del recurso de casaci\u00f3n formulado por <strong>Sola &amp; Rodr\u00edguez Abogados<\/strong>, estima \u00edntegramente la pretensi\u00f3n absolutoria y establece un importante criterio para deslindar ambas formas de responsabilidad.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Los hechos enjuiciados<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Los hechos se remontan al 23 de mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19. Tres personas se encontraban en una fiesta, junto a otras, en una caseta de la zona de la H\u00edpica de Melilla, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.<\/p>\n<p>Requeridos por agentes de la Guardia Civil para que se identificaran a fin de ser propuestos para sanci\u00f3n administrativa, se negaron reiteradamente a hacerlo.<\/p>\n<p>El Juzgado de lo Penal n\u00fam. 2 de Melilla conden\u00f3 a los tres acusados como autores de un delito de desobediencia grave del art\u00edculo 556.1 del C\u00f3digo Penal, imponiendo a cada uno de ellos una pena de diez meses de multa, por importe de 1.800 euros.<\/p>\n<p>Confirmada la condena por la Audiencia Provincial de M\u00e1laga, con sede en Melilla, nuestro despacho interpuso recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, sosteniendo que los hechos declarados probados no revest\u00edan la gravedad necesaria para integrar el tipo penal de desobediencia.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> La frontera entre la infracci\u00f3n administrativa y el delito<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El art\u00edculo 556.1 del C\u00f3digo Penal castiga con pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa de seis a dieciocho meses a quienes resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, sin incurrir en el delito de atentado.<\/p>\n<p>Por su parte, el art\u00edculo 36.6 de la Ley Org\u00e1nica 4\/2015, de 30 de marzo, de protecci\u00f3n de la seguridad ciudadana, tipifica como infracci\u00f3n administrativa grave:<\/p>\n<p><em>\u00abLa desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, as\u00ed como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegaci\u00f3n de datos falsos o inexactos en los procesos de identificaci\u00f3n\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Esta infracci\u00f3n puede ser sancionada con multa de 601 a 30.000 euros.<\/p>\n<p>La cuesti\u00f3n radica, por tanto, en determinar cu\u00e1ndo la negativa a identificarse supera el \u00e1mbito del il\u00edcito administrativo y alcanza la gravedad exigida por el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<p>Tradicionalmente, la persistencia y reiteraci\u00f3n en el incumplimiento del mandato leg\u00edtimo de la autoridad ha constituido uno de los principales indicadores de la gravedad de la desobediencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte que este criterio no es suficiente:<\/p>\n<p><em>\u00abNo basta, por tanto, para activar la intervenci\u00f3n penal la simple negativa reiterada si con ello no se compromete significativamente la funci\u00f3n p\u00fablica atribuida a quienes emiten la orden\u00bb.<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> La existencia de mecanismos administrativos de identificaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La sentencia presta especial atenci\u00f3n a que la Ley Org\u00e1nica de protecci\u00f3n de la seguridad ciudadana no solo tipifica espec\u00edficamente la negativa a identificarse como infracci\u00f3n administrativa, sino que establece mecanismos para hacer efectivo el requerimiento policial desatendido.<\/p>\n<p>As\u00ed, su art\u00edculo 16.2 dispone que, cuando no resulte posible la identificaci\u00f3n por cualquier medio o la persona se niegue a identificarse, los agentes podr\u00e1n requerirle para que les acompa\u00f1e a las dependencias policiales m\u00e1s pr\u00f3ximas en las que pueda practicarse dicha diligencia, a los solos efectos de su identificaci\u00f3n y por el tiempo estrictamente necesario, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 superar las seis horas.<\/p>\n<p>As\u00ed, la negativa a identificarse constituye tanto la conducta constitutiva de la infracci\u00f3n administrativa como el presupuesto que habilita a los agentes para hacer cumplir el mandato desatendido.<\/p>\n<p>La existencia de esta regulaci\u00f3n administrativa integral obliga, seg\u00fan el Tribunal Supremo, a limitar la intervenci\u00f3n penal para evitar lo que el Tribunal Constitucional ha denominado un <em>\u00abderroche de coerci\u00f3n penal\u00bb<\/em>.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> \u00bfCu\u00e1ndo puede la negativa a identificarse constituir delito?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El Tribunal Supremo establece que el tr\u00e1nsito de la infracci\u00f3n administrativa al delito de desobediencia grave exige la concurrencia de elementos adicionales de desvalor.<\/p>\n<p>No resulta determinante el n\u00famero de veces que el ciudadano se haya negado a identificarse, pues la propia negativa incorpora un componente de persistencia en el tiempo. Lo decisivo es que la conducta, por su intensidad y circunstancias, impida o dificulte significativamente la puesta en pr\u00e1ctica de los mecanismos de identificaci\u00f3n policial, comprometiendo gravemente el ejercicio de la funci\u00f3n encomendada a los agentes.<\/p>\n<p>La sentencia cita, a modo de contraste, la STS 1027\/2025, de 11 de diciembre, en la que se confirm\u00f3 una condena por desobediencia grave. En aquel caso, la persona requerida no solo se neg\u00f3 reiteradamente a identificarse, sino que se lanz\u00f3 al suelo y opuso una fuerte resistencia a su traslado a dependencias policiales, obligando a los agentes a emplear la fuerza indispensable para vencerla. Fue esa conducta global, y no la mera reiteraci\u00f3n de la negativa, la que permiti\u00f3 apreciar la gravedad exigida por el tipo penal.<\/p>\n<p>Por el contrario, en el asunto objeto de nuestro recurso,\u00a0 los hechos declarados probados no describ\u00edan qu\u00e9 sucedi\u00f3 despu\u00e9s de la negativa, si se utiliz\u00f3 el mecanismo previsto en el art\u00edculo 16.2 de la Ley Org\u00e1nica 4\/2015 o qu\u00e9 circunstancias impidieron o dificultaron su utilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ello, el Tribunal Supremo aprecia un error en la aplicaci\u00f3n del tipo penal y acuerda la absoluci\u00f3n de nuestros representados, extendi\u00e9ndola tambi\u00e9n al tercero de los condenados, que no hab\u00eda recurrido, conforme al art\u00edculo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Conclusi\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La importancia de esta sentencia trasciende el supuesto concreto enjuiciado. El Tribunal Supremo reafirma el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima del Derecho penal y establece un criterio relevante para delimitar la responsabilidad administrativa y la penal en los requerimientos policiales de identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>La negativa a identificarse ante los agentes de la autoridad, aunque sea reiterada, no constituye por s\u00ed sola un delito de desobediencia grave.<\/strong> Para apreciar dicho delito ser\u00e1 necesario acreditar que la conducta del requerido, por su particular intensidad y circunstancias, ha impedido o dificultado significativamente el ejercicio de la funci\u00f3n identificativa encomendada a los agentes.<\/p>\n<p>Ello no significa que la negativa a atender un requerimiento leg\u00edtimo de identificaci\u00f3n quede impune. Podr\u00e1 constituir una infracci\u00f3n administrativa grave, pero no toda infracci\u00f3n administrativa puede convertirse, por la mera reiteraci\u00f3n de la conducta, en un il\u00edcito penal.<\/p>\n<p>La sentencia obtenida por <strong>Sola &amp; Rodr\u00edguez Abogados<\/strong> contribuye as\u00ed a precisar los l\u00edmites de la intervenci\u00f3n penal en este \u00e1mbito y constituye una referencia de especial inter\u00e9s para la defensa frente a acusaciones por delitos de desobediencia a los agentes de la autoridad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n\u00fam. 631\/2026, de 22 de octubre (rec. 8372\/2023), aborda una cuesti\u00f3n de notable inter\u00e9s pr\u00e1ctico: la delimitaci\u00f3n entre el delito de desobediencia grave y la infracci\u00f3n administrativa consistente en negarse a atender un requerimiento policial de identificaci\u00f3n. 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