Los Ayuntamientos no tienen honor

La Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 15-6-2016, ha fijado como doctrina legal que «las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución Española».

Con ocasión del recurso de casación que interpuso un Ayuntamiento asturiano, el Tribunal Supremo se ha pronunciado negando la titularidad de este derecho fundamental a las personas jurídico-públicas con fundamento en los siguientes presupuestos:

1.º) El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 107/1988, de 5 de julio, ya declaró que el honor tiene un significado personalista, «en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental».

Este pronunciamiento fue reiterado en las Sentencias 51/1989, de 22 de febrero; 121/1989, de 3 de julio; 214/1991, de 11 de noviembre; y 139/1995, de 26 de septiembre.

2.º) El Estado y, en general, las personas jurídicas de Derecho público no tiene, como regla, derechos fundamentales, sino competencias.

3.º) El artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone que «el Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en este Convenio o sus Protocolos».

4.º) Por tanto, es una regla general que las personas jurídicas de Derecho Público no sean titulares de derechos fundamentales. Dicha regla puede tener excepciones (por ej.: las universidades públicas son titulares de la libertad de enseñanza), pero no existe en la doctrina constitucional española ni en la comparada, razones que impongan que entre esas excepciones se encuentre el derecho fundamental al honor.

En definitiva, las personas jurídicas de Derecho público no tienen derecho al honor y no porque lo hayan perdido. No obstante, al amparo del artículo 1902 Código Civil, esta clase de entidades podrán reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que les causen los atentados a su prestigio institucional o autoridad moral. Naturalmente, si aún los conservan en estos tiempos tan convulsos.